CONSECUENCIAS NO
DESEADAS DE ALGUNOS HECHOS HISTÓRICOS
El 23 F de 1981:
Afortunadamente, Tejero y sus golpistas –fruto de la
movilización popular tras la unidad de las fuerzas políticas democráticas, y la
rápida reacción del Jefe del Estado don Juan Carlos-, no consiguieron sus
objetivos de desestabilización del Estado de Derechos; y como hemos comprobado
recientemente, tampoco el totalitarismo etarra ha conseguido ese objetivo. Sin
embargo, que pesar de que no entraba entre sus objetivos fundamentales, lograron
mermar –viendo nuestra historia reciente ex
post- seriamente la calidad de nuestra democracia, precisamente en el
momento histórico (la Transición) que más se podría haber aprovechado para su
florecimiento.
Esta merma en la calidad de la democracia española, se puede
analizar en dos planos: en la representación política del pueblo (la demos) en la soberanía popular (el kratos), tanto en su posibilidad de
influir en las decisiones políticas adoptada por los órganos legislativos, en
el control judicial sobre el Poder Ejecutivo y las leyes emanadas del
Legislativo, y en la representación territorial efectiva en el Senado; y en el
desarrollo legislativo mediante Leyes Orgánicas (tal como establece el artículo
81 de la Constitución Española) del Título II (De la Corona). Ambos planos se
desarrollarán sintéticamente a continuación, pero cabe decir que a partir de
1981 se fue gestando una casta (clase, en el argot popular) política que, lejos de defender los intereses de sus
representados, ha amparado a una oligarquía financiera y del ladrillo; el Poder Judicial ha permitido
esta situación al no haberse renovado en profundidad desde la Transición; el “café para todos” ha sustituido la
posibilidad de desarrollar el Estado de las Autonomías para llevarlo a un Estado
Federal; y don Juan Carlos, con su carisma y buen hacer ante los golpistas del
23 F, ha neutralizado cualquier regulación sobre la Casa Real en temas tan
sencillos pero importantes como quién controla las cuentas de la Corona y el
pago de sus impuestos, quién elabora los discursos reales, quién administra la
Página Web de la Corona, o dónde se regula las funciones representativas y
protocolarias del Príncipe de Asturias.
Todas estas cuestiones que hacen a la calidad de nuestra
democracia explotan hoy, debido al
agravio comparativo de un Tesorero del Partido Popular trasladando durante años
a Suiza 2,43 millones de Euros, frente a los 6 millones de parados –una
importante cantidad de ellos cobrando el subsidio de los 400 Euros, agotada la
prestación por desempleo, y otra gran cantidad sin siquiera eso-.
Los “escarches” de la PAH:
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), ha
decidido manifestar su enfado ante los representantes políticos en el Congreso
de los Diputados del PP, mediante la metodología de los “escarches”. La misma, surgió en la Argentina de los 90’ como forma
de protesta generada por el Movimiento HIJOS, los hijos de los desaparecidos
que no contaron en la Justicia argentina con todo el amparo judicial para sus
causas. Entonces, se manifestaban frente a los domicilios, trabajos,
restaurantes donde comían o cines donde se divertían los represores de la
última dictadura, para denunciarlos ante sus vecinos y la opinión pública en
general.
Puede parecer muy drástica la comparación, pero lo cierto es
que los afectados por las hipotecas tampoco encuentran todo amparo debido en la
Justicia española; y quienes debieran representarlos políticamente, se esmeran
en desoír el mandato de la Justicia
europea, desdibujando todo lo posible la Iniciativa Legislativa Popular (ILP, artículo
87.3 de la Constitución); anulando la única alternativa razonable y racional,
la dación en pago (utilizada en países en absoluto socialistas como los Estados
Unidos); y posibilitando la vigencia de una Ley Hipotecaria de 1909, modificada
en el fondo únicamente en 1981 –gobernado NUESTRO Felipe González, el mismo que
hizo tanto por construir nuestro Estado del Bienestar-, para regular el mercado
hipotecario a los efectos de beneficiar el “pelotazo”
de la construcción y las hipotecas.
Algunos cientistas sociales como Manuel Montero (No al acoso, http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2987223655309&set=a.1301091423057.32530.1703595581&type=3&theater),
sostienen que los escarches son una
forma de coacción. Yo no veo la coacción en esta forma de manifestación de la
disconformidad con los y las políticos/as; la veo en los desahucios: una
coacción de las fuerzas legítimas del Estado moderno (en términos de Max Weber)
a los efectos de privar de una vivienda digna a las personas que –la mayoría de
las veces a causa del paro, o de sus míseros ingresos-, tienen que optar entre
pagar los créditos hipotecarios o sustentar a sus familias. La palabra “desahucio” es un término médico aplicado
a la falta de esperanzas de vida, transmitida por el médico a pacientes
moribundos. Y hemos visto demasiados casos de suicidios provocados por los
desahucios hipotecarios. Cuando está en juego la vida de las personas, ¿dónde
podemos ver la coacción?
Veo a políticos y políticas que han hecho dejación de sus
responsabilidades representativas, que no se acercan a las asambleas de la PAH
a las que son invitados/as, que no se reúnen con los y las afectados/as, que se
niegan a escuchar las causas estructurales de esta problemática social y a
pensar en sus soluciones. Y veo, no solamente a grandes dirigentes políticos/as
–como la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María que son escrachados/as, sino a Diputados/as que
han obtenido desde el anonimato sus poltronas figurando en “boletas sábanas”, y que ahora se ven
obligados a ser interpelados por los y las ciudadanos/as. No estaría nada mal
que esos “escarchados/as” fueran
también interpelados/as por otras decisiones políticas que adoptan,
relacionadas con los ajustes en el Estado del Bienestar: Sanidad Pública,
Educación, Pensiones, etc. De esta forma, la ciudadanía volvería a verlos como
sus representantes. Ésta sería una “consecuencia
no deseada”, positiva, de los escarches
de la PAH.
Palacio Real en Madrid
Monarquía o
República:
Siendo que ninguno de los dos partidos que se disputan el
poder en España, han decidido utilizar el Congreso de los Diputados para
legislar sobre el Título II de la Constitución –el referido a la Corona-, ahora
que la misma se encuentra en sus momentos más bajos, quizás el debate debiera
comenzar a plantearse en otros términos. Cuando Juan Carlos es cazado cazando
junto a una pseudo-princesa germánica; cuando está en duda la existencia de una
herencia que habría recibido y que –lejos de declararla a la Hacienda pública-
la habría presuntamente mantenido en Suiza; cuando un nieto del Rey recibe un
disparo accidental en el pie de un arma de caza de su padre (separado de la
Infanta Elena), un arma que no se encontraba debidamente registrada; cuando la
Infanta Cristina es imputada en una causa de corrupción junto a su esposo el
Duque de Palma, la Casa del Rey contrata con el dinero público una costosa
defensa, y la Fiscalía Anticorrupción –demostrando que no somos todos iguales
ante la Ley- recurre el Auto de Imputación; ¿no debiéramos plantearnos la
legitimidad o ilegitimidad de esta Monarquía Parlamentaria, bastante poco
seria?
Considero que no es el momento de debatir sobre la abdicación
del Rey en su hijo, el Príncipe Felipe de Austria. Es el momento de plantearnos
la derogación del Título II de la Constitución. Y si nuestro Partido Socialista
no tiene la valentía suficiente para plantear ese debate, sumándose a las otras
fuerzas de la izquierda que sí lo proponen, escudándose en el argumento de la “responsabilidad institucional”; al menos
que plantee con seriedad la regulación mediante Leyes Orgánicas de ese Título
II. Sabrá Juan Carlos si es el momento de su abdicación o no, pero ese no debe
ser el problema del socialismo, en un país con casi 6 millones de parados y un
Estado del Bienestar que defender.
La calidad de nuestra democracia puede estar, al fin, en
nuestras manos para mejorar la vida de tantos y tantas españoles/as.
Muy de acuerdo con tu post Pablo Anel. únicamente, que resalta, en mi opinión, la necesidad de que la regeneración de la izquierda en España se haga desde un diálogo franco y abierto entre los militantes y las organizaciones de izquierdas y los nuevos movimientos sociales (PAH, 15M, etc.)
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